Lunes 28 de Mayo del 2012. – 20:24
Compañeros, colegas, amigos, conocidos, “público en general”:
El conflicto por los horriblemente llamados “jubilables” de la UBA
podría estar alcanzando en las próximas semanas un punto culminante. Ya
ha habido notas en los medios, programas de radio, circulan solicitadas y
petitorios, hay miles de firmas en solidaridad con los afectados, y el 8
de junio se está preparando un gran acto bajo el formato de “clase
magistral” a cargo de algunos / as afectados / as, deseablemente con
presencia de los medios y de legisladores que votaron la Ley 26508 del
año 2009, y que el rectorado desobedece con argumentos francamente
deleznables.
Todo esto, sin embargo, con ser mucho, todavía no es suficiente. Ni
siquiera todos los afectados, menos aún todos los miembros de la
comunidad universitaria, no digamos ya la sociedad argentina en general
–que es la que sostiene a la UBA con sus impuestos-, tiene una idea
acabada de lo que se está jugando, de la ferocidad inaudita de esta
embestida contra la mayor casa de educación superior del país (y
probablemente del mundo: sí, del mundo , puesto que con
nuestros 320 000 estudiantes ya somos más grandes que la UNAM, que tiene
14 veces más presupuesto que la UBA). La posible “liquidación”, por
medio de una acción ilegal , de alrededor de 650 docentes de todas las categorías es una amenaza que de ninguna manera
pierde su vigencia por el hecho de que sus designaciones hayan sido
precariamente renovadas hasta el 31 de julio. Más bien al contrario,
esta “renovación” se vuelve harto sospechosa justamente porque ha
trascendido la promesa “extraoficial” de que luego se extenderá hasta
el 31 de diciembre (y no al 31 de marzo, como es la costumbre
académica): ¿por qué entonces no hacerla directamente hasta
esa fecha (lo cual de todos modos sería improcedente, pues debería
hacerse al menos por cinco años más)? ¿se está especulando con un
“retroceso” motivado en nuevas “esperanzas” que permita seguir con las
acciones? En todo caso, es un método que bien puede calificarse de
sembrador de terror: crea incertidumbre, nadie está seguro de si le va a
tocar o no, etcétera. Y no son solamente los mayores de 65 años los que
de pronto han sido sumidos en ese túnel de inseguridad: ya los que hoy
tienen 63 o 64 tienen que ir poniendo “las barbas en remojo”.
Sea como sea, de lo que se trata es de un gigantesco ajuste ,
no solamente económico, sino integral. Ya sería suficientemente
catastrófico que se lograra echar (porque eso es lo que es: un despido
sin preaviso ni indemnización, disfrazado de “jubilación” forzada e
–insistamos en esto- ilegal ) a la “materia gris” más probada y
de mayor experiencia de la Universidad, hombres y mujeres en plena
actividad productiva en los campos de la enseñanza, la investigación, la
extensión y la transferencia de saberes de todo tipo, la publicación de
libros y artículos, y a la cual se la maltrata y humilla de la manera
más desconsiderada haciéndole saber vía Banelco que no existe más para
la Universidad, después de haber servido lealmente a la UBA durante
décadas, y sin considerar la situación particular de tantos de ellos /
as que por la propia historia del país de la cual fueron víctimas
(exilio, imposibilidad de trabajar durante la dictadura) no ha podido
sumar los años de aporte necesarios para recibir una jubilación digna, o
que aún sumándolos, y creyéndose “amparados” por una Ley (votada por
unanimidad del Congreso de la Nación en 2009), no ha iniciado sus
trámites de jubilación, con lo cual de un día para el otro y
sorpresivamente se los deja en la calle en el más pleno desamparo
–situación doblemente grave en las facultades “no profesionalistas”
donde la mayoría de los afectados vive exclusivamente de la docencia-.
Hasta la peor de las empresas privadas está legalmente obligada a dar un
mes de preaviso y la indemnización correspondiente al empleado que
despide. La UBA, evidentemente, no.
Pero aún al margen de tales consideraciones “humanitarias”, esta
política intempestiva atenta de manera brutal contra la normalidad del
trabajo académico en general. Significa el desmantelamiento de cátedras
enteras, de equipos de investigación, de colectivos de producción
científica e intelectual en todos los campos del conocimiento. Vale
decir: no se trata tan sólo de los directamente golpeados, lo que ya
sería suficientemente grave. Es toda la comunidad universitaria (docentes y estudiantes), es toda la práctica vinculada a la creación de saber la que sufrirá un empobrecimiento desastroso.
Pero este es sólo un aspecto. Este “ajuste” viene a sumarse a los tantos otros “ajustes” permanentes con
los que tenemos que convivir, y que en cierto modo hemos
“naturalizado”: por ejemplo, la existencia de algo así como un 30 % de
docentes de la UBA llamados ad honorem , que sostienen las
“trincheras” de la enseñanza, y a los que se les hace el “honor” de
permitirles trabajar sin cobrar un centavo (o sea, poniendo plata de su
bolsillo para trasladarse, comprar libros y materiales y demás), en lo
que significa de hecho un sistema de trabajo cuasi-esclavo; o la
existencia, entre los que sí cobran un magro salario, de algo así como
un 70 % de docentes “interinos”, no-concursados, vale decir
“inestabilizados” por la desidia, el atraso o el desinterés (desinterés
bien interesado , en muchos casos) en el llamado y
sustanciación de los concursos (vale la pena recordar que uno de los
argumentos contra los “jubilables” que sí están concursados es que sus
concursos están vencidos, como si su no renovación fuera culpa de las
víctimas).
Es decir: bastan estos datos rápidos para advertir que la UBA es hoy la institución estatal con el índice más alto de precariedad laboral en todos los sentidos.
Algo que debería ser absolutamente intolerable que ocurriera en
cualquier lado –sobre todo en épocas en que tanto se nos señala la
“recuperación de derechos”-, y con mucha más razón para una institución
consagrada a la formación científica, intelectual y cultural de miles y
miles de jóvenes que constituyen, también se nos dice, el denominado
“futuro de la nación”.
Sin embargo –seamos sinceros con nosotros mismos- en general lo estuvimos tolerando
. Aunque tenemos nuestras agrupaciones gremiales, nuestros sindicatos y
nuestros ámbitos de reunión colectiva, la propia dispersión de nuestra
presencia física en las facultades (que en sí misma es una consecuencia
del “ajuste permanente”, ya que nuestros edificios no cuentan con los
espacios adecuados, en muchos casos ni siquiera los espacios adecuados
para trabajar ), sumado a que estamos obligados a correr de un
lado a otro para juntar de manera dislocada el dinero para llegar a fin
de mes, y a cierto “individualismo competitivo” característico de la
naturaleza de nuestro trabajo –muchas veces solitario- ha provocado esa
“naturalización” del desastre que estamos describiendo.
Pero estamos llegando, al mismo tiempo, al límite de lo soportable.
Entendámonos, por favor: se trata de la UBA, un lugar al que muchos
amamos sinceramente y le hemos dedicado una buena parte de nuestras
vidas. La docencia no es un trabajo de oficina, burocrático, rutinario,
donde marcamos el reloj a la entrada y la salida, y de puro tedio nos
escapamos a tomar un cafecito cuando el jefe no mira. La docencia es
para el docente (primario, secundario o universitario) su existencia misma . Lo que le pase a la UBA nos pasa a nosotros mismos , en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos.
Entonces, ¿nuestras cabezas y nuestros cuerpos van a seguir fingiendo
que todo esto es “normal”, que quizá tiene sus problemitas y sus
molestias, pero nada que no suceda en cualquier trabajo? No, no podemos.
Nuestra dignidad humana y la dignidad de la UBA como institución está
en la picota.
La cuestión es, por otra parte, profundamente política , en
el más alto y noble sentido de la palabra. Es hora, en la UBA y en todas
partes, de devolverle a esa palabra toda su altura y su nobleza. De no
permitir que se la bastardee para los intereses mezquinos de camarillas
semiocultas e irresponsables, que producen estos verdaderos atentados,
incluso contra el propio lenguaje. Por ejemplo, al invocar nada
menos que la “autonomía” (esa gran conquista de la Reforma de 1918) para
producir este “ajuste” salvaje contra las propias condiciones mínimas
de trabajo en la institución para cuyo trabajo fue conquistada esa
autonomía. Es, esa invocación, una obscenidad perversa.
La sociedad para la cual trabajamos, la que paga nuestros salarios,
no se merece este tipo de afrentas. Es ya en este primer sentido que
decimos que la cuestión es profundamente política: en el sentido de que
la polis , la comunidad de los ciudadanos, es aquella ante la que debemos rendir cuentas, y es la que en su conjunto debe tomar riendas en el asunto. Pero para que eso sea posible, debemos empezar por informarla y convocarla.
Hay también otros sentidos más precisos y “concretos” en los que esta
es una cuestión política. Otro de los argumentos “perversos” que se nos
da es que los docentes “mayores” deberían dejar el lugar a los más
jóvenes que vienen “empujando”. O sea, encima de perjudicarlos
abusivamente desconociendo el derecho que les otorga una Ley
nacional que contempla la opción por cinco (cinco, no veinte) años más,
se los acusa de “taponar” el ascenso de los jóvenes, así como de estar
“reteniendo” salarios que podrían usarse para rentar a una parte de los ad honorem . El viejo truco de dividir para reinar. Pero –aparte de expresar una ideología canallescamente neoliberal basada en una competencia “generacional” por el acceso a los recursos escasos- este argumento mezquinamente “administrativista” no resiste el menor análisis de política académica racional:
con la mayoría de las cátedras sobresaturadas de estudiantes y
subdotadas en términos de recursos humanos (pocos auxiliares
sobreexplotados trabajando en la precariedad que ya vimos), lo racional
sería desdoblarlas, crear nuevas cátedras para las mismas materias,
sustanciar concursos, así “haciendo lugar” para los docentes jóvenes, y
al mismo tiempo respetando los derechos de los actualmente al frente de
esas cátedras.
Por supuesto, ello implicaría la decisión política de pugnar por un sustantivo incremento de presupuesto para la UBA (cuyos recursos están atrasadísimos no solamente en términos salariales, sino infraestructurales, edilicios, etcétera), y
esto es lo que la actual conducción de la UBA no está dispuesta a
hacer, sustituyendo esa política justa por una verdadera “guerra del
cerdo” contra los docentes “mayores”.
¿Por qué no está dispuesta a hacerlo (como tantas otras cosas que
harían falta)? Esta es una segunda dimensión de política “precisa y
concreta”. La conducción de la UBA es hoy una estrecha entente
entre sectores cercanos al gobierno nacional, sectores de la UCR y
sectores vinculados al PRO. Los que en el plano de la política nacional
aparecen como adversarios irreconciliables conforman al interior de la
UBA una bien coordinada SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitadísima)
cuya función principal, más allá de los posicionamientos políticos
individuales, parece ser la de garantizar la autoreproducción in aeternum
de ese círculo de poder, de una suerte de “oligocracia”
superestructural ajena a la vida cotidiana, material y concreta de las
“bases” (docentes, estudiantes, no-docentes) que sostienen el trabajo
universitario día a día, hora tras hora.
Discutir a fondo cuestiones como la presupuestaria significaría, para
este grupo, entrar en estado de potencial conflicto con el gobierno y
los partidos o grupos políticos que los sostienen. Eso –que además
implicaría una movilización masiva del conjunto de la comunidad
universitaria en apoyo a los reclamos- no pueden permitírselo: pondría
en riesgo aquella autoreproducción permanente y su aferramiento al
poder. No es verdad que en la UBA haya hoy “democracia”. En los hechos
es una ínfima minoría la que está en posición de tomar las decisiones
importantes, ya que por ejemplo –en otra vuelta de esta espiral hecha de
círculos viciosos- la inmensa mayoría constituida por los docentes
“interinos” no tiene derecho a formar parte de los consejos directivos
de las facultades sino a través de la muy discutible ficción de los
“graduados”. Ni hablemos de un sistema de representación “indirecta” que
permite un férreo control de los padrones electorales (y esa es una
razón nada menor del “cajoneo” de los concursos, sean puros o de
renovación), de tal modo que hace ya décadas que se llega a las
Asambleas universitarias sin las potenciales sorpresas proporcionadas
por un auténtico debate plural, sino con todo bien “atadito” por los
cabildeos desarrollados entre unos pocos en los pasillos y las oficinas
oscuras.
Hace ya mucho tiempo que se requiere imperiosamente de una
transformación profunda de los estatutos de la UBA, y muy
particularmente de sus formas de gobierno, una transformación orientada a otorgar una auténtica ciudadanía universal a todos sus miembros, incluso poniendo en discusión muchas características del sistema de “claustros”. Para decirlo sucintamente: en la UBA ya resulta indispensable una gran segunda Reforma Universitaria
, que la ponga “al día” con la “democracia radical”. Desde ya: para
hacer esto –para hacer algo que no significa ninguna extrema “revolución
maximalista”, sino sencillamente poner a la UBA “dentro de la ley”,
como cuando se le pide que simplemente acate la Ley 26509- va a haber
que pelear; el anquilosamiento en el poder de la SRL es pétreo, y no va a
ser fácil sacudirlo.
Finalmente, y ampliando el círculo, hay una responsabilidad política
del Estado nacional que no puede ser soslayada. La autonomía de las
universidades nacionales lo es por supuesto respecto del gobierno, de
los partidos políticos, de las empresas y corporaciones privadas y
demás. No puede serlo de ninguna manera respecto de la sociedad que la sostiene y para la cual, como ya hemos dicho, la Universidad trabaja. Por otra parte, la UBA no es
económicamente autónoma: siendo estatal y gratuita –y esta es una
condición que debe ser mantenida y defendida a rajatablas- depende
financieramente del Estado nacional. Es también a él, y no solamente al
gobierno de la UBA, al que hay que exigirle que se haga cargo
racionalmente de su mantenimiento, su crecimiento y su adecuado
funcionamiento. Así como es el Estado nacional el que debe garantizar –a
través de los mecanismos judiciales y / o parlamentarios que
correspondan- que una institución estatal como la UBA acate las leyes del Congreso y el Estado, como en el caso de la 26509. No
se puede permitir que nada menos que la Universidad más grande de la
Argentina (y probablemente del mundo, como decíamos) esté lisa y
llanamente fuera de la ley .
Habría muchísimo más que discutir, incluso desde una perspectiva
“filosófica” muy amplia. ¿Qué significa en la sociedad actual haber
alcanzado la eufemísticamente llamada “tercera edad”? Por poner un
ejemplo grosero, ¿significa lo mismo, digamos, para un trabajador minero
o un peón rural sometido a intenso desgaste físico, que para un docente
universitario o un intelectual en general, que en condiciones normales a
esa edad conserva y aún puede acrecentar los recursos de su trabajo
mental? El hecho de que el sistema capitalista global esté estructurado
sobre una rígida e irracional división entre el trabajo “manual” y el
“intelectual” –algo que además en las últimas décadas ha cambiado
sustancialmente, por lo menos en las ramas más tecnificadas de la
economía- ¿significa entonces que no debemos tomar en cuenta
los efectos de esa diferencia, cuando al mismo tiempo nada hacemos para
transformar de raíz ese sistema?
También podríamos discutir qué significa hoy producir
intelectualmente dentro de una institución como la UBA. Desde luego, no
es siempre imprescindible ser un universitario diplomado, o ser profesor
universitario, para tener una producción intelectual crítica e
interesante. Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud, jamás dieron clase en una
universidad. A Walter Benjamin le fue rechazada su tesis de
habilitación (que se transformaría en ese extraordinario libro titulado El Origen del Drama Barroco Alemán
) para la Universidad de Berlín. Entre nosotros, Jorge Luis Borges no
alcanzó nunca el título universitario. Ahora bien: ¿pueden esos casos
excepcionales ser tomados como ejemplos para negar que gran parte del
mejor trabajo intelectual es desarrollado por quienes son también docentes universitarios, y lo es hasta mucho después
de los famosos 65 años (en algún otro lado hemos citado casos canónicos
como los de Claude Lévi-Strauss o Hans-Georg Gadamer, fallecidos
respectivamente a los 101 y 104 años en pleno ejercicio de la docencia y
la escritura; en la propia UBA podemos citar ejemplos recientes como
los de David Viñas o León Rozitchner, ambos fallecidos a los casi 90
años en plena actividad)? Y que no se nos diga que los profesores
“mayores” de la UBA pueden ser contratados o declarados consultos. En
primer lugar, eso no soluciona el problema de los docentes mal llamados
“auxiliares” que hace años y años que esperan sus concursos cuando han
alcanzado su edad “provecta”. En segundo lugar, aún los profesores
(titulares, asociados o adjuntos) son contratados o consultos con una
renta paupérrima que en la mayoría de los casos se reduce a una
dedicación “simple” sin consideración de la antigüedad. Es decir:
volvemos al debate presupuestario y todas sus ramificaciones políticas que ya hemos enumerado.
Y de todas maneras, para volver a la pregunta: ¿qué significa realmente
nuestro trabajo intelectual en la UBA? No es un secreto que el mismo
está cada vez más constreñido por un sistema crecientemente
“productivista”, tecnocrático y burocrático (“kafkiano” en el sentido
vulgarizado del concepto) bajo el cual se termina “premiando” (es una
manera de decir) con becas, subsidios e “incentivos” –otro eufemismo
perverso para hablar de compensaciones “en negro” a los salarios
insuficientes- se termina “premiando”, decíamos, la repetición o el
reciclaje anodino y rutinario de siempre los mismos papers
para congresos inconducentes o revistas “indexadas”, los resultados de
enjundiosas investigaciones Ubacyt son sepultados en algún archivo
mohoso al que nadie jamás tendrá acceso, mientras muchos que escriben
voluminosos e importantísimos libros no reciben el más misérrimo
“puntaje” con el cual engrosar su curriculum vitae .
En fin, ¿para qué abundar? Por donde le busquemos la vuelta, la
conclusión es siempre, dramáticamente, la misma: la UBA está en franca
crisis. Así, no da para más, y sólo puede retroceder hacia un tobogán de
patética decadencia. Hemos llegado al punto en que se nos obliga a
decir –con un lenguaje anacrónicamente reminiscente de la filosofía de
las Luces del siglo XVIII- que este embate contra los “jubilables” es el síntoma de una política de barbarie, oscurantismo y sinrazón.
No obstante, la UBA sigue siendo –casi exclusivamente por el trabajo
apasionado y “a pulmón”, en las peores condiciones, de aquellos
docentes, estudiantes y no-docentes que la siguen amando pese a todo-
una de las dos o tres universidades más prestigiosas de América Latina. Es nuestra tarea defenderla, allí donde sus desautorizadas autoridades no lo están haciendo (y al contrario, consciente o inconscientemente están contribuyendo a su catástrofe).
Afortunadamente, la comunidad universitaria ha demostrado tener aún
capacidad de reacción. El escándalo de los “jubilables” ha operado como
el emergente de un malestar estructural que parece estar encontrando en
ese pre-texto (en el mejor y estricto sentido del término) una
vía para volver a poner en el tapete las cuestiones profundas de su
malfuncionamiento. Más allá de que puedan “solucionarse” (ni siquiera
sabemos bien qué querría decir esto) los injustos casos particulares, el
actual “encrespamiento” de las aguas debería servir para ahondar en el
debate de una buena vez, para “patear el tablero” en la más saludable de
las acepciones de esa expresión.
La acción más inmediata que podemos realizar es la de aportar
de todas las formas que se nos ocurra para hacer que el acto
político-académico del 8 de junio sea, como dijimos, un acontecimiento
multitudinario y radicalmente democrático de denuncia y reflexión
crítica. Distribuyamos esta convocatoria entre todos nuestros amigos,
colegas, conocidos, familiares, contactos personales, políticos,
mediáticos o lo que fuere, tanto dentro como afuera de la UBA e incluso
de los ámbitos educativos, ya que, repetimos, este debería ser un tema
de interés general y urgente para toda la sociedad nacional y, si fuera
posible, internacional. Pero además, el acto del 8 de junio debería ser
tan solo un punto de partida. Si queremos aunque sea orientar el proceso
hacia los problemas de fondo, deberemos seguir bregando más allá de él y
continuadamente por los medios más intelectual y políticamente
rigurosos y consecuentes, pero también los más creativos y plurales.
¿Conocemos artistas, escritores, grupos de teatro, cineastas, poetas,
científicos, periodistas, músicos, diseñadores, bailarines,
“graffiteros”, lo que sea? Activémoslos. Convoquémoslos a que, haciendo
lo que mejor saben hacer, “inventen” modos múltiples de hacer llegar
esta problemática y este debate al espacio público, por supuesto los
universitarios, pero también las calles, las plazas, los medios de
transporte, los lugares de trabajo y reunión. Transformemos el debate
sobre la UBA en una gran movilización de las más creativas energías
sociales. Desde ya, hay infinidad de otras situaciones sociales,
políticas y culturales que pueden ser tanto o más importantes que la
crisis de la UBA. Pero ahora es esto lo que tenemos entre manos. Y es
una causa más que justa, que seguramente sensibiliza a una sociedad que
fácilmente y por excelentes razones puede sentirla como suya. No
desperdiciemos la oportunidad de una discusión importante, bajo la
consigna más general pero también más estricta posible: No a la
destrucción de la UBA.
Eduardo Grüner
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